El reciente fallo de la Justicia de Córdoba que declaró la situación de adoptabilidad de un bebé, nacido a través de un vientre de alquiler y posteriormente abandonado, puso en evidencia la urgente necesidad de regulación para la gestación por sustitución en Argentina. La abogada especialista en Derecho de Familia, Giselle Vigneau, analizó el caso en una entrevista para Radio Buenos Aires AM 1350, señalando que, a pesar de que la práctica no está prohibida, la ausencia de una ley clara genera alta vulnerabilidad y situaciones de explotación.
El caso puntual involucra a una mujer francesa que contrató a una gestante en Córdoba, un proceso que en su país está prohibido, pero que aquí se facilita. Vigneau detalló que el acuerdo se concretó a través de agencias que intermedian con contratos, por los que a la mujer gestante en este caso se le “se le abonó $15.000” por llevar el embarazo. Este bajo costo respecto a otros países, donde procesos similares superan los $100.000, genera lo que la experta denomina "turismo reproductivo". Esto, a su vez, genera una “situación de explotación por parte del cuerpo de la mujer” que a menudo se encuentra en “una situación de vulnerabilidad” y accede a la gestación como salida económica.
La ausencia de un marco legal específico hace que, ante cualquier conflicto, la única salida sea la judicialización. El problema principal radica en que “al no tener una regulación específica, estos contratos se realizan igual” y no pueden prever todas las situaciones, como el arrepentimiento de la comitente o si la gestante “no se quiere someter a determinados estudios”. Vigneau subrayó que estos acuerdos se realizan a pesar de que “cuando la ley habla de contratos no se podría contratar respecto al propio cuerpo”. A un año de su nacimiento, el bebé que no fue reclamado por ninguna de las partes involucradas ya fue declarado en situación de adoptabilidad, priorizando el “interés superior del niño”.
Consultada sobre las posibles soluciones, la especialista enfatizó que “lo que habría que hacer es legislar al respecto”. Recordó que esta regulación ya había sido contemplada en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de 2015, donde se buscaba establecer el “altruismo” como condición obligatoria, es decir, sin intercambio de dinero. En este sentido, la letrada concluyó que la legislación debe “darle un marco regulatorio para que no sigan sucediendo estas cosas” y proteger principalmente “a los intereses de estos chicos que nacen a través de estas técnicas”.
Podés encontrar la entrevista completa con Giselle Vigneau en nuestro canal de YouTube: Radio Buenos Aires
El caso puntual involucra a una mujer francesa que contrató a una gestante en Córdoba, un proceso que en su país está prohibido, pero que aquí se facilita. Vigneau detalló que el acuerdo se concretó a través de agencias que intermedian con contratos, por los que a la mujer gestante en este caso se le “se le abonó $15.000” por llevar el embarazo. Este bajo costo respecto a otros países, donde procesos similares superan los $100.000, genera lo que la experta denomina "turismo reproductivo". Esto, a su vez, genera una “situación de explotación por parte del cuerpo de la mujer” que a menudo se encuentra en “una situación de vulnerabilidad” y accede a la gestación como salida económica.
La ausencia de un marco legal específico hace que, ante cualquier conflicto, la única salida sea la judicialización. El problema principal radica en que “al no tener una regulación específica, estos contratos se realizan igual” y no pueden prever todas las situaciones, como el arrepentimiento de la comitente o si la gestante “no se quiere someter a determinados estudios”. Vigneau subrayó que estos acuerdos se realizan a pesar de que “cuando la ley habla de contratos no se podría contratar respecto al propio cuerpo”. A un año de su nacimiento, el bebé que no fue reclamado por ninguna de las partes involucradas ya fue declarado en situación de adoptabilidad, priorizando el “interés superior del niño”.
Consultada sobre las posibles soluciones, la especialista enfatizó que “lo que habría que hacer es legislar al respecto”. Recordó que esta regulación ya había sido contemplada en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de 2015, donde se buscaba establecer el “altruismo” como condición obligatoria, es decir, sin intercambio de dinero. En este sentido, la letrada concluyó que la legislación debe “darle un marco regulatorio para que no sigan sucediendo estas cosas” y proteger principalmente “a los intereses de estos chicos que nacen a través de estas técnicas”.
Podés encontrar la entrevista completa con Giselle Vigneau en nuestro canal de YouTube: Radio Buenos Aires
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