El Gobierno anunció la cesantía de 11 trabajadores del Hospital Garrahan tras la toma de la dirección médica ocurrida en octubre, una decisión que generó un fuerte rechazo gremial. En diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, calificó la situación como “grave desde el punto de vista institucional” y advirtió que aún se trata de un proceso sumarial en curso.
Lezana explicó que “lo que ayer llegó a nosotros fue el informe de la sumariante […] que recomienda sanciones en el marco de una protesta”, pero remarcó que “no estamos cesanteados ni suspendidos” y que todavía no pudieron ejercer plenamente el derecho a defensa. Además, cuestionó que los nombres de los trabajadores hayan sido difundidos públicamente: “Se están enterando nuestras familias cuando ni siquiera pudimos defendernos”.
La dirigente repasó los hechos del 31 de octubre, cuando el personal realizaba medidas de fuerza por reclamos salariales. Señaló que “se habían ido 300 profesionales del equipo de salud” y que la protesta se dio luego de fuertes descuentos salariales: “Hubo recibos con descuentos de 500 mil o 600 mil pesos […] que quebraron a muchos trabajadores”. Según indicó, tras esa lucha se logró “un aumento del 61% y un bono de 450 mil pesos que hoy es permanente”, una conquista que definió como histórica.
En ese contexto, Lezana denunció una persecución gremial: “Quieren disciplinar la protesta social y a quienes nos pusimos al frente de una lucha testigo”. También aclaró que 10 de los trabajadores alcanzados cuentan con tutela sindical, por lo que cualquier desvinculación “debe pasar antes por la justicia del trabajo”, donde ya tramita un amparo.
Finalmente, la secretaria general alertó sobre otras decisiones que afectan el funcionamiento del hospital, como la rescisión de contratos y la falta de respuestas de las autoridades. “Vamos a seguir defendiendo el hospital y siendo la voz de los que no pueden hablar por miedo”, afirmó, y destacó el respaldo de la movilización y el apoyo social recibido.
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Lezana explicó que “lo que ayer llegó a nosotros fue el informe de la sumariante […] que recomienda sanciones en el marco de una protesta”, pero remarcó que “no estamos cesanteados ni suspendidos” y que todavía no pudieron ejercer plenamente el derecho a defensa. Además, cuestionó que los nombres de los trabajadores hayan sido difundidos públicamente: “Se están enterando nuestras familias cuando ni siquiera pudimos defendernos”.
La dirigente repasó los hechos del 31 de octubre, cuando el personal realizaba medidas de fuerza por reclamos salariales. Señaló que “se habían ido 300 profesionales del equipo de salud” y que la protesta se dio luego de fuertes descuentos salariales: “Hubo recibos con descuentos de 500 mil o 600 mil pesos […] que quebraron a muchos trabajadores”. Según indicó, tras esa lucha se logró “un aumento del 61% y un bono de 450 mil pesos que hoy es permanente”, una conquista que definió como histórica.
En ese contexto, Lezana denunció una persecución gremial: “Quieren disciplinar la protesta social y a quienes nos pusimos al frente de una lucha testigo”. También aclaró que 10 de los trabajadores alcanzados cuentan con tutela sindical, por lo que cualquier desvinculación “debe pasar antes por la justicia del trabajo”, donde ya tramita un amparo.
Finalmente, la secretaria general alertó sobre otras decisiones que afectan el funcionamiento del hospital, como la rescisión de contratos y la falta de respuestas de las autoridades. “Vamos a seguir defendiendo el hospital y siendo la voz de los que no pueden hablar por miedo”, afirmó, y destacó el respaldo de la movilización y el apoyo social recibido.
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