En diálogo con Radio Buenos Aires, la abogada y asesora de Patricia Bullrich, Josefina Tajes, brindó detalles sobre el avance de la mesa de negociaciones técnicas por la reforma laboral en el Senado. La especialista explicó que la comisión busca profundizar el diálogo con cámaras empresariales y referentes sociales para analizar el proyecto que cuenta con dictamen desde el 18 de diciembre. Tajes aclaró que, pese a las versiones circulantes, la central obrera no ha tomado contacto formal con las autoridades encargadas de evaluar las modificaciones. “Acá no hay ningún pedido de la CGT, no hay ningún pedido ni tampoco han venido ni han pedido ninguna audiencia”, sentenció la asesora en AM 1350.
Respecto a los puntos que generan mayor incertidumbre en la opinión pública, la abogada desmintió que la nueva legislación pretenda eliminar las compensaciones por despido o establecer topes de antigüedad. Según explicó, la intención es dotar de previsibilidad al sistema para fomentar la contratación en el sector privado, que se encuentra estancado desde hace una década. “No se ha tocado la indemnización en cuanto a ningún tope, como falsamente están diciendo, que se puso un tope de 10 años como máxima antigüedad. Eso es falso”, remarcó Tajes, quien además subrayó que se busca combatir la denominada industria del juicio que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
“El espíritu de esta ley es precisamente traer a nuestro país toda esa fuerza de trabajo que desde hace 10 años no crece”, afirmó la asesora. En ese sentido, destacó la necesidad de actualizar una normativa que data de hace 40 años para adaptarla a realidades modernas como el teletrabajo, la automatización y la inteligencia artificial. La funcionaria señaló que actualmente existe un 50% de la masa laboral en situación de informalidad o sin empleo, por lo que la modernización se vuelve imperativa para otorgar derechos a quienes hoy no cuentan con un recibo de sueldo.
En cuanto al ejercicio de las protestas sindicales, la asesora de Bullrich aclaró que el proyecto no busca prohibir los reclamos, sino establecer límites que garanticen el funcionamiento de las actividades y el derecho de aquellos trabajadores que deciden no adherirse a las medidas de fuerza. “No se está diciendo que está prohibida la huelga. Se está limitando el derecho de huelga porque el mismo derecho que tiene un trabajador de sumarse a una manifestación es el mismo derecho que tiene el trabajador que necesita ir a su trabajo”, explicó en Radio Buenos Aires. Según su visión, el abuso de estas herramientas ha perjudicado la previsibilidad del país y la llegada de inversiones.
Finalmente, Tajes resaltó la metodología de trabajo liderada por la senadora Patricia Bullrich, calificándola como una labor de dedicación total para generar las condiciones de salida de la crisis actual. La abogada insistió en que la mesa técnica permanece abierta para recibir propuestas que respeten el espíritu de modernización del proyecto original. “Discutamos sobre la base de situaciones ciertas, no falsas”, concluyó, invitando a los sectores sociales a sentarse a debatir técnicamente cada artículo de la ley.
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Respecto a los puntos que generan mayor incertidumbre en la opinión pública, la abogada desmintió que la nueva legislación pretenda eliminar las compensaciones por despido o establecer topes de antigüedad. Según explicó, la intención es dotar de previsibilidad al sistema para fomentar la contratación en el sector privado, que se encuentra estancado desde hace una década. “No se ha tocado la indemnización en cuanto a ningún tope, como falsamente están diciendo, que se puso un tope de 10 años como máxima antigüedad. Eso es falso”, remarcó Tajes, quien además subrayó que se busca combatir la denominada industria del juicio que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
“El espíritu de esta ley es precisamente traer a nuestro país toda esa fuerza de trabajo que desde hace 10 años no crece”, afirmó la asesora. En ese sentido, destacó la necesidad de actualizar una normativa que data de hace 40 años para adaptarla a realidades modernas como el teletrabajo, la automatización y la inteligencia artificial. La funcionaria señaló que actualmente existe un 50% de la masa laboral en situación de informalidad o sin empleo, por lo que la modernización se vuelve imperativa para otorgar derechos a quienes hoy no cuentan con un recibo de sueldo.
En cuanto al ejercicio de las protestas sindicales, la asesora de Bullrich aclaró que el proyecto no busca prohibir los reclamos, sino establecer límites que garanticen el funcionamiento de las actividades y el derecho de aquellos trabajadores que deciden no adherirse a las medidas de fuerza. “No se está diciendo que está prohibida la huelga. Se está limitando el derecho de huelga porque el mismo derecho que tiene un trabajador de sumarse a una manifestación es el mismo derecho que tiene el trabajador que necesita ir a su trabajo”, explicó en Radio Buenos Aires. Según su visión, el abuso de estas herramientas ha perjudicado la previsibilidad del país y la llegada de inversiones.
Finalmente, Tajes resaltó la metodología de trabajo liderada por la senadora Patricia Bullrich, calificándola como una labor de dedicación total para generar las condiciones de salida de la crisis actual. La abogada insistió en que la mesa técnica permanece abierta para recibir propuestas que respeten el espíritu de modernización del proyecto original. “Discutamos sobre la base de situaciones ciertas, no falsas”, concluyó, invitando a los sectores sociales a sentarse a debatir técnicamente cada artículo de la ley.
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