Ley de Glaciares: Abogado advierte un "desmantelamiento"

El abogado ambientalista Lucas Micheloud dialogó con Radio Buenos Aires AM 1350 sobre el proyecto que busca modificar la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, y que ingresó al Senado para ser tratado en sesiones extraordinarias. Según Micheloud, la iniciativa busca desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que protege los glaciares y el ambiente periglacial, afectando las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina. El letrado advirtió que esta es una “investida de las más duras” del gobierno, con el aval de las provincias mineras como Mendoza y San Juan, en un contexto geopolítico de disputa por los minerales críticos. Este proyecto representa la desregulación de la ley vigente sin derogarla expresamente, un método funcional a los sectores minero e hidrocarburífero.

Micheloud explicó que los glaciares y zonas periglaciares cumplen una función clave de regulación hídrica y estabilidad climática, alimentando numerosos ríos y funcionando como reservorios de agua dulce. Al destrozar estos ecosistemas, se fragmenta el sistema de cuencas que se desprende de estas “fábricas de agua” naturales. En un contexto de crisis climática y calentamiento global que acelera el retroceso de estos ecosistemas, la Ley de Glaciares es un límite fundamental en defensa del agua. La reforma propuesta provincializa la ley, quitando facultades a la autoridad nacional (Secretaría de Ambiente) y dándole potestad a las provincias para llevar adelante los inventarios y evaluar si un glaciar perdió o no su función hídrica relevante.

El abogado detalló que la ley actual prohíbe la minería, las actividades hidrocarburíferas y proyectos de gran infraestructura o contaminantes en zonas glaciares y periglaciares. Sobre el proyecto de reforma, Lucas Micheloud afirmó que: “La flexibiliza, en lugar de mantener el criterio de prohibición absoluta, permite que las provincias… puedan a través de una evaluación de impacto ambiental, llevar adelante estas actividades en zonas glaciares o periglaciares.” Micheloud remarcó que esta flexibilización está “al servicio literal de las corporaciones,” mencionando el antecedente de la Barrick Gold que judicializó la ley en 2010.

Al ser consultado sobre si es posible una explotación minera no dañina, el ambientalista sostuvo una posición crítica sobre la megaminería como está planteada en la Ley de Inversiones Mineras, afirmando que: “es inherentemente contaminante. No hay posibilidad alguna de hacer minería sustentable.” Esta actividad utiliza una “sopa química excesiva” y caudales de agua “irracionales, demenciales” en zonas que ya sufren estrés hídrico, como Mendoza y San Juan. Las zonas periglaciares, vitales para la recarga de acuíferos, no son el “gran hielo” visible, sino más bien rocas y sedimentos que se mueven de manera permanente o semipermanente en el suelo, cumpliendo una función fundamental en provincias áridas o semiáridas.

El especialista concluyó señalando el despropósito de la medida, ya que los glaciares representan menos del 1% del territorio nacional (0,8% de los casi 17.000 glaciares inventariados). Al respecto, Micheloud indicó: “Sobre este 0,8% del territorio nacional es donde hoy las mineras están queriendo hacer precisamente negocio.” Finalmente, llamó a la presión ciudadana: “Hay que hacer el ejercicio de la interpelación, porque esto también debería tener un costo político en los territorios… que están hoy encolumnadas en defensa del agua y una gran campaña en defensa de la ley de glaciares… que precisamente tiene como lema la ley de glaciares no se toca.”

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