Privatización de Aysa: un DNU "inconstitucional" y cambios regresivos, según Baldiviezo

La potencial privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) y la reciente modificación de su marco regulatorio a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del gobierno nacional, generaron una fuerte preocupación en el ámbito jurídico y social. En diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio Derecho a la Ciudad, calificó la medida como un “hecho gravísimo” y señaló que la decisión del presidente no solo avanza con la privatización, sino que “modificó el marco regulatorio en su totalidad”, algo que no era previsible. Baldiviezo argumentó que este DNU es inconstitucional por no cumplir los requisitos para alterar leyes y por la falta de participación ciudadana previa en una decisión ambiental que afecta el acceso al agua potable, un derecho humano.

El nuevo marco regulatorio, según Baldiviezo, contiene aspectos “muy regresivos” respecto al anterior. Una de las cuestiones más alarmantes es que “autoriza el corte del servicio, el corte del acceso al agua potable para las viviendas residenciales”, algo que antes no estaba permitido y que, para el especialista, vulnera el derecho humano al agua. Además, el DNU cambia el enfoque del servicio, ya que “ya no es una perspectiva de derechos humanos, sino que está todo orientado a la rentabilidad y a las ganancias de la futura concesionaria de Aysa”. Esto implica que las tarifas sociales nunca podrán ir en contra de la ecuación económica de la empresa, y las expansiones del servicio, que aún son necesarias para millones de personas, no serán obligatorias a menos que el Estado las financie, lo que revertiría el supuesto ahorro de la privatización.

Baldiviezo recordó las experiencias negativas de privatizaciones en los años 90, que llevaron al retroceso en la cobertura y a precios inasequibles, y destacó que las principales empresas de saneamiento a nivel mundial con buen servicio son estatales. En este contexto, el abogado confirmó que se están organizando acciones judiciales colectivas para impugnar el DNU, ya que, para el letrado, “el presidente no puede modificar ni el Código Civil ni un marco regulatorio de servicios públicos por DNU”. Asimismo, indicó que el nuevo esquema está diseñado para que la futura concesionaria tenga “cero riesgo de pérdida”, permitiendo ajustes tarifarios automáticos y extraordinarios, así como la posibilidad de ejecutar deudas impagas con procedimientos judiciales rápidos, lo que augura un panorama de tarifas mucho más elevadas y accesibilidad restringida para los usuarios.

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