La justicia avanza en el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, bajo cargos de apropiación indebida de fondos. Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez en diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, la investigación no se centra en una evasión de impuestos propios de la entidad, sino en la falta de depósito en término de dinero retenido a terceros. "Lo que sucedió es que la AFA retuvo impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias y contribuciones de seguridad social y no los depositó luego de vencidos 30 días del plazo para hacerlo", precisó el especialista.
El monto involucrado en la maniobra es significativo, alcanzando cifras que impiden que los directivos se vean beneficiados por las recientes actualizaciones en los montos mínimos de punibilidad. Domínguez detalló que la ley castiga la retención de dinero de proveedores y empleados cuando se superan los 10 millones de pesos en impuestos nacionales o los 3,5 millones en seguridad social. Al respecto, indicó que "se le hizo retenciones de IVA a proveedores, retenciones de ganancias a proveedores y a empleados por sueldo, y después retenciones de contribuciones de seguridad social que, pasados los 30 días del vencimiento, no fueron depositados".
Uno de los puntos clave del procesamiento radica en el uso que la entidad le habría dado a esos fondos mientras se encontraba en mora con el fisco. El especialista remarcó que el juez de la causa detectó que la institución contaba con solvencia económica, pero priorizó otros destinos financieros para el capital no ingresado. "La AFA no es que no tenía fondos, tenía fondos, los utilizó para hacer plazos fijos y rendimientos financieros en vez de pagar dentro del término que debía hacerlo", señaló Domínguez durante la entrevista.
La defensa de los dirigentes sostiene que el daño fue reparado al realizar los pagos de forma extemporánea junto con los intereses correspondientes. Sin embargo, el experto advirtió sobre el peligro de que este argumento prospere en instancias superiores como la Corte Suprema. "El delito se configura por omisión, una vez que pasan los 30 días es un delito instantáneo. No importa en principio si uno lo paga después y lo paga con intereses", explicó y agregó que, de aceptarse la postura de la AFA, se generaría un antecedente de incumplimiento masivo. En total, la suma analizada en el período investigado es impactante: "En casi 2 años estamos hablando de 19.000 millones, o sea que en todos los meses hubo un retraso".
La nota completa y el análisis detallado del especialista están disponibles en nuestro canal de YouTube.
El monto involucrado en la maniobra es significativo, alcanzando cifras que impiden que los directivos se vean beneficiados por las recientes actualizaciones en los montos mínimos de punibilidad. Domínguez detalló que la ley castiga la retención de dinero de proveedores y empleados cuando se superan los 10 millones de pesos en impuestos nacionales o los 3,5 millones en seguridad social. Al respecto, indicó que "se le hizo retenciones de IVA a proveedores, retenciones de ganancias a proveedores y a empleados por sueldo, y después retenciones de contribuciones de seguridad social que, pasados los 30 días del vencimiento, no fueron depositados".
Uno de los puntos clave del procesamiento radica en el uso que la entidad le habría dado a esos fondos mientras se encontraba en mora con el fisco. El especialista remarcó que el juez de la causa detectó que la institución contaba con solvencia económica, pero priorizó otros destinos financieros para el capital no ingresado. "La AFA no es que no tenía fondos, tenía fondos, los utilizó para hacer plazos fijos y rendimientos financieros en vez de pagar dentro del término que debía hacerlo", señaló Domínguez durante la entrevista.
La defensa de los dirigentes sostiene que el daño fue reparado al realizar los pagos de forma extemporánea junto con los intereses correspondientes. Sin embargo, el experto advirtió sobre el peligro de que este argumento prospere en instancias superiores como la Corte Suprema. "El delito se configura por omisión, una vez que pasan los 30 días es un delito instantáneo. No importa en principio si uno lo paga después y lo paga con intereses", explicó y agregó que, de aceptarse la postura de la AFA, se generaría un antecedente de incumplimiento masivo. En total, la suma analizada en el período investigado es impactante: "En casi 2 años estamos hablando de 19.000 millones, o sea que en todos los meses hubo un retraso".
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