La reforma laboral reglamentada por el Gobierno a través del decreto 407/2026 vuelve a instalar el debate sobre el presente y el futuro del trabajo en Argentina. En diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, el abogado laboralista Matías Cremonte analizó los principales cambios y advirtió sobre su impacto en los derechos de los trabajadores.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca reemplazar, en parte, el esquema tradicional de indemnizaciones. Según explicó Cremonte, este fondo se financiará con aportes mensuales de los empleadores y será administrado por entidades financieras como bancos, aseguradoras o fideicomisos, que solo podrán invertir en instrumentos nacionales. Sin embargo, su implementación fue postergada hasta noviembre, en medio de cuestionamientos vinculados al equilibrio fiscal.
El especialista remarcó que la reforma ya se encuentra en plena vigencia y que sus efectos alcanzan a todas las relaciones laborales actuales. En ese sentido, sostuvo que lejos de ampliar derechos, la normativa implica una reducción en la protección laboral. “Donde había un derecho protegido, ahora está menos protegido o directamente desaparece”, afirmó, al tiempo que señaló que el propio Gobierno nunca planteó que la reforma beneficiaría directamente a los trabajadores, sino que la justificó como una herramienta para fomentar el empleo.
En esa línea, Cremonte cuestionó la eficacia de este tipo de medidas para generar trabajo. Citando estudios internacionales, indicó que no existe evidencia que demuestre que una legislación laboral más flexible impulse el crecimiento del empleo. Por el contrario, aseguró que ese fenómeno depende principalmente del contexto económico y de las políticas macroeconómicas.
Además, el abogado planteó objeciones constitucionales. Explicó que la reforma podría vulnerar el principio de progresividad de los derechos sociales —incorporado a la Constitución tras la reforma de 1994—, que impide retroceder en el nivel de protección alcanzado. También señaló posibles conflictos con el artículo 14 bis, que establece la obligación del Estado de legislar en favor de los trabajadores.
Por último, advirtió que los cambios también afectan derechos colectivos, como la negociación paritaria, el derecho de huelga y el financiamiento sindical, lo que configura una transformación profunda del sistema laboral argentino.
La discusión, lejos de cerrarse, recién comienza y promete seguir generando repercusiones en distintos sectores de la sociedad.
Para más información, entrevistas y análisis sobre la actualidad política, económica y social, ingresá a la web de Radio Buenos Aires y seguí todas las novedades.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca reemplazar, en parte, el esquema tradicional de indemnizaciones. Según explicó Cremonte, este fondo se financiará con aportes mensuales de los empleadores y será administrado por entidades financieras como bancos, aseguradoras o fideicomisos, que solo podrán invertir en instrumentos nacionales. Sin embargo, su implementación fue postergada hasta noviembre, en medio de cuestionamientos vinculados al equilibrio fiscal.
El especialista remarcó que la reforma ya se encuentra en plena vigencia y que sus efectos alcanzan a todas las relaciones laborales actuales. En ese sentido, sostuvo que lejos de ampliar derechos, la normativa implica una reducción en la protección laboral. “Donde había un derecho protegido, ahora está menos protegido o directamente desaparece”, afirmó, al tiempo que señaló que el propio Gobierno nunca planteó que la reforma beneficiaría directamente a los trabajadores, sino que la justificó como una herramienta para fomentar el empleo.
En esa línea, Cremonte cuestionó la eficacia de este tipo de medidas para generar trabajo. Citando estudios internacionales, indicó que no existe evidencia que demuestre que una legislación laboral más flexible impulse el crecimiento del empleo. Por el contrario, aseguró que ese fenómeno depende principalmente del contexto económico y de las políticas macroeconómicas.
Además, el abogado planteó objeciones constitucionales. Explicó que la reforma podría vulnerar el principio de progresividad de los derechos sociales —incorporado a la Constitución tras la reforma de 1994—, que impide retroceder en el nivel de protección alcanzado. También señaló posibles conflictos con el artículo 14 bis, que establece la obligación del Estado de legislar en favor de los trabajadores.
Por último, advirtió que los cambios también afectan derechos colectivos, como la negociación paritaria, el derecho de huelga y el financiamiento sindical, lo que configura una transformación profunda del sistema laboral argentino.
La discusión, lejos de cerrarse, recién comienza y promete seguir generando repercusiones en distintos sectores de la sociedad.
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