La coautora de la Ley de Tierras habló en Radio Buenos Aires AM 1350 y alertó sobre el intento del oficialismo de ampliar el límite para extranjeros. Advirtió que la iniciativa elimina controles clave y genera preocupación por la soberanía.
“Elevar el límite al 25% es, en la práctica, derogar la ley”, afirmó Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, en diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350. La especialista cuestionó la propuesta del oficialismo de ampliar del 15% al 25% la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras y advirtió que el cambio no es aislado, sino parte de una modificación más amplia.
Gómez explicó que la normativa vigente no prohíbe la compra de tierras por extranjeros, sino que la regula mediante cuatro límites centrales: un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial; un máximo del 30% por nacionalidad; un límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo (o su equivalente) y la prohibición de adquirir cuerpos de agua de envergadura. “Si eliminás esos controles, da lo mismo hablar de 25% o de cualquier otro número”, sostuvo.
Además, señaló que el 25% “no figura en ningún dictamen formal” del Senado, sino en versiones preliminares que circulan para negociar apoyos políticos. En ese contexto, alertó sobre posibles cambios de último momento en el tratamiento legislativo y recordó que el intento de derogar la ley vía DNU ya fue frenado por la Justicia, que lo declaró inconstitucional.
Por último, la abogada expresó su preocupación por el impacto a largo plazo: “Esto no está frenando inversiones y aún hay margen dentro del esquema actual. Lo que está en juego es el control sobre el territorio y los recursos estratégicos”.
Escuchá la entrevista completa y encontrá más contenidos en nuestro sitio web de Radio Buenos Aires AM 1350.
“Elevar el límite al 25% es, en la práctica, derogar la ley”, afirmó Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, en diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350. La especialista cuestionó la propuesta del oficialismo de ampliar del 15% al 25% la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras y advirtió que el cambio no es aislado, sino parte de una modificación más amplia.
Gómez explicó que la normativa vigente no prohíbe la compra de tierras por extranjeros, sino que la regula mediante cuatro límites centrales: un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial; un máximo del 30% por nacionalidad; un límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo (o su equivalente) y la prohibición de adquirir cuerpos de agua de envergadura. “Si eliminás esos controles, da lo mismo hablar de 25% o de cualquier otro número”, sostuvo.
Además, señaló que el 25% “no figura en ningún dictamen formal” del Senado, sino en versiones preliminares que circulan para negociar apoyos políticos. En ese contexto, alertó sobre posibles cambios de último momento en el tratamiento legislativo y recordó que el intento de derogar la ley vía DNU ya fue frenado por la Justicia, que lo declaró inconstitucional.
Por último, la abogada expresó su preocupación por el impacto a largo plazo: “Esto no está frenando inversiones y aún hay margen dentro del esquema actual. Lo que está en juego es el control sobre el territorio y los recursos estratégicos”.
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