La viralización de un video que muestra a un joven en la playa utilizando una tobillera electrónica despertó interrogantes sobre el control judicial en Argentina. En diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, la abogada Mayra Vargas Portela (Tomo 130 Folio 95) detalló los alcances y restricciones de estos dispositivos, aclarando que su uso no es uniforme y depende estrictamente de la discrecionalidad del magistrado a cargo de cada causa.
La especialista explicó que estas herramientas se aplican principalmente en casos de arresto domiciliario o violencia de género a través del sistema dual. Según Vargas Portela, la presencia de una persona con este dispositivo en un lugar público debe contar con una justificación legal previa: “La persona que lleva esta tobillera tiene que fundamentar las salidas ante el juez. No es que uno dice 'me voy a la costa porque tengo ganas'; tiene que ser una fundamentación objetiva y razonable”. En ese sentido, puntualizó que el monitoreo por GPS es constante y cualquier desvío injustificado pone en riesgo el beneficio procesal: “Si incumple esa restricción, pone en riesgo la prisión domiciliaria; es decir, vuelve a la cárcel”.
Respecto a la eficacia del sistema, la letrada destacó la importancia del dispositivo dual para proteger a las víctimas de violencia. A diferencia del botón antipánico, que requiere una acción humana en momentos de crisis, este sistema genera alertas automáticas por proximidad. “Informa las 24 horas del día todos los movimientos. Si el dispositivo da una alerta al centro de monitoreo, se avisa a las fuerzas de seguridad de la jurisdicción competente de forma inmediata”, señaló. Además, resaltó el valor probatorio de esta tecnología, ya que “la tobillera guarda todos los movimientos que el agresor fue haciendo y eso sirve como prueba para un juicio futuro”.
Finalmente, Vargas Portela reconoció que, aunque el sistema representa un avance frente a métodos tradicionales, aún restan desafíos en la implementación y velocidad de las resoluciones. “Considero que el sistema judicial tiene que mejorar muchísimo para que las resoluciones sean más eficaces y rápidas”, concluyó, subrayando que el éxito de estas medidas depende tanto de la tecnología disponible como del control judicial riguroso sobre cada caso particular.
Para profundizar en este análisis jurídico y conocer más detalles técnicos, podés ver la charla completa en nuestro canal de YouTube: Radio Buenos Aires.
La especialista explicó que estas herramientas se aplican principalmente en casos de arresto domiciliario o violencia de género a través del sistema dual. Según Vargas Portela, la presencia de una persona con este dispositivo en un lugar público debe contar con una justificación legal previa: “La persona que lleva esta tobillera tiene que fundamentar las salidas ante el juez. No es que uno dice 'me voy a la costa porque tengo ganas'; tiene que ser una fundamentación objetiva y razonable”. En ese sentido, puntualizó que el monitoreo por GPS es constante y cualquier desvío injustificado pone en riesgo el beneficio procesal: “Si incumple esa restricción, pone en riesgo la prisión domiciliaria; es decir, vuelve a la cárcel”.
Respecto a la eficacia del sistema, la letrada destacó la importancia del dispositivo dual para proteger a las víctimas de violencia. A diferencia del botón antipánico, que requiere una acción humana en momentos de crisis, este sistema genera alertas automáticas por proximidad. “Informa las 24 horas del día todos los movimientos. Si el dispositivo da una alerta al centro de monitoreo, se avisa a las fuerzas de seguridad de la jurisdicción competente de forma inmediata”, señaló. Además, resaltó el valor probatorio de esta tecnología, ya que “la tobillera guarda todos los movimientos que el agresor fue haciendo y eso sirve como prueba para un juicio futuro”.
Finalmente, Vargas Portela reconoció que, aunque el sistema representa un avance frente a métodos tradicionales, aún restan desafíos en la implementación y velocidad de las resoluciones. “Considero que el sistema judicial tiene que mejorar muchísimo para que las resoluciones sean más eficaces y rápidas”, concluyó, subrayando que el éxito de estas medidas depende tanto de la tecnología disponible como del control judicial riguroso sobre cada caso particular.
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