En diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, la abogada, profesora de ciencias jurídicas y mediadora Silvina García Conto abordó la condena contravencional dictada por la justicia porteña contra un médico anestesista del Hospital Durán por maltrato y violencia obstétrica ejercidos sobre una paciente durante un parto prematuro. La especialista remarcó la importancia del marco normativo nacional y señaló que "el concepto de violencia obstétrica es un concepto que está normado en nuestra Ley Nacional de Protección de Violencia contra las Mujeres, que viene de la Ley de Parto Respetado". Asimismo, detalló las deficiencias asistenciales que persisten al sostener que "se sancionó porque estas situaciones pasaban y siguen pasando [...] es una situación grave que tiene un abordaje muy complejo".
Al analizar las características específicas del expediente judicial y los hechos probados durante la investigación, García Conto subrayó el rol desempeñado por los integrantes del equipo médico que atestiguaron sobre lo acontecido en la sala de partos. Sobre el testimonio del personal de salud, la letrada destacó que "no solo la mujer habla, sino que son las médicas neonatólogas quien testifican lo que vieron". En esa misma línea, consideró fundamental la ruptura del corporativismo profesional en el ámbito de la salud al declarar que "es muy importante que haya salido de esas cuatro paredes [...] porque también baja este velo del silencio que es el primer aliado de estas situaciones".
En relación a la sanción impuesta y los canales institucionales para tramitar denuncias de esta índole, la especialista detalló las medidas restrictivas dispuestas por la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de las obligaciones impuestas al profesional condenado, García Conto puntualizó que "hay una prohibición de acercamiento" y que además "hay una obligatoriedad o un requisito hacia él de formarse o de capacitarse". Finalmente, orientó a la comunidad sobre los organismos competentes para radicar denuncias al afirmar que "la fiscalía es el lugar adecuado". Para profundizar en los alcances de este fallo y conocer el análisis completo, te invitamos a ver la entrevista en nuestro canal de YouTube.
Al analizar las características específicas del expediente judicial y los hechos probados durante la investigación, García Conto subrayó el rol desempeñado por los integrantes del equipo médico que atestiguaron sobre lo acontecido en la sala de partos. Sobre el testimonio del personal de salud, la letrada destacó que "no solo la mujer habla, sino que son las médicas neonatólogas quien testifican lo que vieron". En esa misma línea, consideró fundamental la ruptura del corporativismo profesional en el ámbito de la salud al declarar que "es muy importante que haya salido de esas cuatro paredes [...] porque también baja este velo del silencio que es el primer aliado de estas situaciones".
En relación a la sanción impuesta y los canales institucionales para tramitar denuncias de esta índole, la especialista detalló las medidas restrictivas dispuestas por la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de las obligaciones impuestas al profesional condenado, García Conto puntualizó que "hay una prohibición de acercamiento" y que además "hay una obligatoriedad o un requisito hacia él de formarse o de capacitarse". Finalmente, orientó a la comunidad sobre los organismos competentes para radicar denuncias al afirmar que "la fiscalía es el lugar adecuado". Para profundizar en los alcances de este fallo y conocer el análisis completo, te invitamos a ver la entrevista en nuestro canal de YouTube.
