Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan, solicitó en Río Gallegos la aplicación del concurso real de delitos para elevar las penas de los oficiales acusados en el juicio por el hundimiento de la embarcación, según declaraciones brindadas a Radio Buenos Aires AM 1350. La querella fundamentó el requerimiento en la existencia de faltas graves en la asistencia a la tripulación y en inconsistencias dentro de la etapa de investigación previa. El querellante detalló la ausencia de pericias técnicas sobre las imágenes, videos y documentación del hallazgo de los restos, cuestionando la elevación de la causa bajo la carátula de estrago culposo. Según argumentó, dicha tipificación penal no contempla la cantidad de víctimas mortales y presenta limitaciones en su escala de sanciones, por lo cual se integraron los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona contra los cuatro oficiales imputados. "Pedimos ocho años de prisión para Villamide y Correa […] y siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso", afirmó Tagliapietra al referirse a la responsabilidad atribuida a los altos mandos navales que recibieron los llamados de alerta desde la unidad naval sin coordinar el envío de asistencia de apoyo. El entrevistado señaló que existen ramificaciones de la causa paralizadas y vinculadas a maniobras de encubrimiento ocurridas entre finales de 2017 y principios de 2018. Asimismo, expuso que durante el proceso los familiares sufrieron persecuciones, falsas denuncias y ofrecimientos de indemnizaciones extraordinarias o candidaturas políticas por parte del partido PRO para silenciar el reclamo. Respecto a las condiciones operativas de las fuerzas de seguridad, el abogado sostuvo que "en la época de Macri que pasó lo del hundimiento del ARA San Juan […] claramente había restricciones presupuestarias para todo lo que tenía que ver con el mantenimiento", y advirtió que la desidia administrativa se evidencia actualmente en la base aérea militar de El Palomar, donde las aeronaves Hércules se encuentran "canibalizados" para extraer repuestos usados de dudosa calidad. El proceso judicial continuará con las evaluaciones de las presentaciones efectuadas por las partes en las audiencias programadas. Escucha la nota completa en nuestro canal de YouTube @radiobuenosaires
