Histórica multa de 21.800 millones de pesos por deforestación

La coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, Noemí Cruz, detalló en declaraciones recientes los pormenores de la sanción de 21.800 millones de pesos impuesta por la destrucción forestal en una finca de la provincia de Salta. Al describir el alcance del daño ambiental en el Gran Chaco, la activista especificó que "este es el desmonte ilegal que es el más grande que hay en Argentina en los últimos 30 años" y recordó que la afectación inicial de casi 12.000 hectáreas ocurrió de forma impune en el año 2013. La entrevistada explicó que la alerta temprana provino de los habitantes originarios de la zona y remarcó que "los Wichí usan ese territorio para recolectar todos los recursos naturales que utilizan para realizar sus artesanías y también para consumo y caza". Asimismo, precisó las irregularidades catastrales de la propiedad al indicar que "esa zona estaba categorizada como zona amarilla, que no se podía hacer desmontes".

La referente medioambiental cuestionó duramente la conducta de los titulares del predio agropecuario frente a las fajas de clausura dispuestas por la Secretaría de Ambiente provincial y las sucesivas condenas judiciales por desobediencia a la autoridad. Con respecto a la aplicación efectiva de los castigos económicos, Cruz señaló directamente que "son apellido Carlen, Darío Carlen y Juan Carlen. Estos empresarios en varias oportunidades han tenido determinadas las multas por la justicia, pero en ningún momento las han hecho efectivas". De igual manera, advirtió sobre la continuidad del daño en el ecosistema local y manifestó que "aunque ellos pagaran la multa, es insuficiente porque eso no garantiza lo que la Constitución y la ley de bosque establece, que es que un área deforestada de manera irregular debería volver a recomponerse".

Por último, la especialista de Greenpeace describió las dramáticas transformaciones que experimentan las poblaciones nativas del norte salteño, desprovistas de sus recursos ancestrales de subsistencia y afectadas por la degradación hídrica que causan los químicos agropecuarios. De acuerdo con el testimonio de la coordinadora, la remoción del monte nativo alteró irreversiblemente el entorno y provocó que las comunidades sufran la pérdida de la Laguna Cuchuy, su fuente histórica de agua dulce. Esta problemática pone de manifiesto la urgencia de debatir la incorporación de figuras penales contra el ecocidio dentro de la legislación nacional. Para conocer el informe detallado de la organización medioambiental y escuchar las declaraciones completas de Noemí Cruz en el aire de Radio Buenos Aires AM 1350, los invitamos a reproducir el video de la entrevista en nuestro canal oficial de YouTube.