La legisladora Berenice Yáñez cuestionó la medida del Gobierno porteño y advirtió sobre el aumento de personas en la calle, la falta de políticas integrales y el hostigamiento a organizaciones sociales que brindan asistencia alimentaria.
“Hay una política de persecución y estigmatización hacia las personas en situación de calle y también hacia quienes las ayudan”, señaló la legisladora porteña Berenice Yáñez en diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, al referirse a la decisión del Ejecutivo de intimar a organizaciones que realizan ollas populares.
Según explicó, el número de personas en situación de calle creció en los últimos años y supera ampliamente la capacidad de los centros de inclusión. Además, planteó que las políticas actuales se enfocan en la emergencia y no en soluciones de fondo, como la inserción laboral, el acceso a la vivienda y la atención en salud mental y adicciones. En ese sentido, remarcó la importancia de cumplir con la Ley 3706, que establece un abordaje integral para esta problemática.
Yáñez también cuestionó las exigencias impuestas a organizaciones sociales —como requisitos administrativos o cursos de manipulación de alimentos— y advirtió que muchas de estas medidas no tienen sustento legal. “Son grupos que sostienen una tarea solidaria clave, donde muchas veces el Estado no llega”, afirmó.
Por último, insistió en que la problemática debe abordarse sin generar enfrentamientos sociales y con políticas públicas coordinadas. “La solución es integral: acompañamiento, documentación, acceso a salud, trabajo y vivienda. Sin eso, es imposible que las personas recuperen autonomía”, concluyó.
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“Hay una política de persecución y estigmatización hacia las personas en situación de calle y también hacia quienes las ayudan”, señaló la legisladora porteña Berenice Yáñez en diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, al referirse a la decisión del Ejecutivo de intimar a organizaciones que realizan ollas populares.
Según explicó, el número de personas en situación de calle creció en los últimos años y supera ampliamente la capacidad de los centros de inclusión. Además, planteó que las políticas actuales se enfocan en la emergencia y no en soluciones de fondo, como la inserción laboral, el acceso a la vivienda y la atención en salud mental y adicciones. En ese sentido, remarcó la importancia de cumplir con la Ley 3706, que establece un abordaje integral para esta problemática.
Yáñez también cuestionó las exigencias impuestas a organizaciones sociales —como requisitos administrativos o cursos de manipulación de alimentos— y advirtió que muchas de estas medidas no tienen sustento legal. “Son grupos que sostienen una tarea solidaria clave, donde muchas veces el Estado no llega”, afirmó.
Por último, insistió en que la problemática debe abordarse sin generar enfrentamientos sociales y con políticas públicas coordinadas. “La solución es integral: acompañamiento, documentación, acceso a salud, trabajo y vivienda. Sin eso, es imposible que las personas recuperen autonomía”, concluyó.
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