El inicio de junio trae consigo una nueva ola de aumentos en distintos rubros clave como el transporte, las tarifas de servicios públicos, la medicina prepaga y las cuotas escolares, en un contexto económico marcado por la desaceleración del consumo. En diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, el economista Julio Gambina analizó el escenario actual y sostuvo que la estrategia del Gobierno para contener la inflación se basa en enfriar la economía.
“El objetivo es bajar la inflación a partir de una reducción del consumo. Es decir, que la gente tenga menos capacidad de gasto”, explicó Gambina, quien vinculó esta política con experiencias históricas a nivel global. En ese sentido, recordó que en distintos momentos, como en la década del 70, la respuesta a procesos inflacionarios elevados fue inducir recesiones que terminaron frenando el aumento de precios.
Según el economista, esta lógica implica un costo directo sobre la actividad económica. Menor consumo, caída de ventas y dificultades para los comercios forman parte de un círculo que, si bien puede contribuir a desacelerar la inflación, impacta negativamente en la vida cotidiana. “No se desploma porque también hay un componente subjetivo: hay un clima social que sostiene estas medidas, aunque los resultados sean adversos para muchos sectores”, afirmó.
Gambina también señaló que este escenario se da en paralelo a cambios estructurales en el mundo del trabajo y a una tendencia global hacia la precarización laboral. En ese marco, mencionó el rol de la Organización Internacional del Trabajo, que actualmente analiza el deterioro de las condiciones laborales a nivel mundial, con crecimiento del empleo informal y pérdida de derechos.
Por otro lado, el economista puso el foco en la crisis de representación política, tanto en Argentina como a nivel internacional. Sostuvo que cada vez más se votan liderazgos individuales por sobre propuestas programáticas, lo que dificulta la construcción de alternativas con capacidad real de gobierno. “Falta un proyecto que piense en resolver las necesidades concretas de la población, empezando por los ingresos y el acceso a la alimentación”, remarcó.
En este contexto, el arranque de junio con nuevos aumentos no solo refleja una continuidad en la política económica, sino también un escenario de tensión entre el objetivo de estabilizar precios y el impacto social de las medidas adoptadas.
Para más información, entrevistas y análisis de la actualidad económica y política, ingresá a la web de Radio Buenos Aires y seguí todas las novedades.
“El objetivo es bajar la inflación a partir de una reducción del consumo. Es decir, que la gente tenga menos capacidad de gasto”, explicó Gambina, quien vinculó esta política con experiencias históricas a nivel global. En ese sentido, recordó que en distintos momentos, como en la década del 70, la respuesta a procesos inflacionarios elevados fue inducir recesiones que terminaron frenando el aumento de precios.
Según el economista, esta lógica implica un costo directo sobre la actividad económica. Menor consumo, caída de ventas y dificultades para los comercios forman parte de un círculo que, si bien puede contribuir a desacelerar la inflación, impacta negativamente en la vida cotidiana. “No se desploma porque también hay un componente subjetivo: hay un clima social que sostiene estas medidas, aunque los resultados sean adversos para muchos sectores”, afirmó.
Gambina también señaló que este escenario se da en paralelo a cambios estructurales en el mundo del trabajo y a una tendencia global hacia la precarización laboral. En ese marco, mencionó el rol de la Organización Internacional del Trabajo, que actualmente analiza el deterioro de las condiciones laborales a nivel mundial, con crecimiento del empleo informal y pérdida de derechos.
Por otro lado, el economista puso el foco en la crisis de representación política, tanto en Argentina como a nivel internacional. Sostuvo que cada vez más se votan liderazgos individuales por sobre propuestas programáticas, lo que dificulta la construcción de alternativas con capacidad real de gobierno. “Falta un proyecto que piense en resolver las necesidades concretas de la población, empezando por los ingresos y el acceso a la alimentación”, remarcó.
En este contexto, el arranque de junio con nuevos aumentos no solo refleja una continuidad en la política económica, sino también un escenario de tensión entre el objetivo de estabilizar precios y el impacto social de las medidas adoptadas.
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