La Dra. Paula Lozano, abogada laboralista, explicó en Radio Buenos Aires AM 1350 los alcances de la medida cautelar dictada por el juez Horacio Ojeda, que suspende la vigencia de 80 artículos de la reciente ley de modernización laboral. Según la especialista, el fallo responde a una impugnación de la CGT sobre normas que afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores. "Son artículos que eliminan derechos reconocidos desde hace más de un siglo y genera una afectación a la vida de las personas", señaló Lozano, destacando que la decisión judicial busca reducir la incertidumbre jurídica mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La medida impacta sobre puntos críticos de la reforma, como el cálculo de indemnizaciones, la jornada laboral y el derecho de huelga. La abogada precisó que la cautelar no tiene un plazo definido y se mantendría hasta que haya una sentencia firme, lo que podría derivar en un proceso largo que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. "Se pone en juego lo que es la protección de la persona trabajadora, la dignidad humana y todo lo que tiene que ver con la vida de la persona", afirmó, subrayando que el fallo tiene una sólida base en instrumentos internacionales de carácter constitucional.
Un punto de especial relevancia abordado por la Dra. Lozano fue la situación de los trabajadores despedidos durante la breve vigencia de la norma. Al respecto, aclaró que quienes pretendan aplicar la legislación anterior deberán realizar planteos específicos. "Para poder solicitar la aplicación de la ley anterior tiene que hacer un planteo de inconstitucionalidad porque estaba vigente esta norma", explicó. Asimismo, la cautelar restituye temporalmente la vigencia de leyes derogadas por la reforma, como la Ley de Teletrabajo, lo cual Lozano calificó como un aspecto "auspicioso" del fundamento judicial.
Finalmente, la integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas remarcó que la falta de reglamentación de ciertos aspectos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue uno de los argumentos para la suspensión. "Hay cuestiones que ameritan ser reglamentadas para poder operativizarse y no lo tiene, es una de las razones también por la que se suspende", concluyó. La profesional insistió en que el control de constitucionalidad es una obligación de cada magistrado para proteger el mandato de resguardo a los trabajadores.
La entrevista entera está disponible en nuestro canal de YouTube: Radio Buenos Aires.
La medida impacta sobre puntos críticos de la reforma, como el cálculo de indemnizaciones, la jornada laboral y el derecho de huelga. La abogada precisó que la cautelar no tiene un plazo definido y se mantendría hasta que haya una sentencia firme, lo que podría derivar en un proceso largo que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. "Se pone en juego lo que es la protección de la persona trabajadora, la dignidad humana y todo lo que tiene que ver con la vida de la persona", afirmó, subrayando que el fallo tiene una sólida base en instrumentos internacionales de carácter constitucional.
Un punto de especial relevancia abordado por la Dra. Lozano fue la situación de los trabajadores despedidos durante la breve vigencia de la norma. Al respecto, aclaró que quienes pretendan aplicar la legislación anterior deberán realizar planteos específicos. "Para poder solicitar la aplicación de la ley anterior tiene que hacer un planteo de inconstitucionalidad porque estaba vigente esta norma", explicó. Asimismo, la cautelar restituye temporalmente la vigencia de leyes derogadas por la reforma, como la Ley de Teletrabajo, lo cual Lozano calificó como un aspecto "auspicioso" del fundamento judicial.
Finalmente, la integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas remarcó que la falta de reglamentación de ciertos aspectos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue uno de los argumentos para la suspensión. "Hay cuestiones que ameritan ser reglamentadas para poder operativizarse y no lo tiene, es una de las razones también por la que se suspende", concluyó. La profesional insistió en que el control de constitucionalidad es una obligación de cada magistrado para proteger el mandato de resguardo a los trabajadores.
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